Ley de Inclusión Laboral está lista para ser promulgada
El cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad se fiscalizará en el sector público por el Servicio Nacional de la Discapacidad y Servicio Civil. En cambio para la fiscalización del sector privado, estará a cargo la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.
El Senado dio luz verde al Proyecto de Ley de Inclusión Laboral que, entre otras materias, determina una reserva de empleos del 1% para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y en las empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores.
La iniciativa, que contó con el respaldo unánime del Congreso, pretende revertir la deuda-país en materia de oportunidades laborales para personas con discapacidad. Según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile el 20% de las personas de 18 años y más, se encuentran en situación de discapacidad, traducido en más de 2.700 millones de personas. De esta cifra sólo el 39,3% tiene empleo.
Junto a lo anterior, la nueva ley fija en 26 años la edad límite para suscribir «contrato de aprendizaje con personas con discapacidad», asimilándola a la edad de término de la educación especial y no sin limitación de edad como es en la actualidad. Asimismo, deroga la norma que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.
También este proyecto consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez (de cualquier régimen previsional), además de aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad.
«Tenemos la convicción de que con este proyecto nuestro país da otro paso más en el camino correcto en materia de discapacidad, en la perspectiva de un Chile efectivamente inclusivo. En ello se juega además la identidad, la autoestima y la dignidad de todo ser humano», declaró el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.
En el sector público se fiscalizará esta ley por el Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad y en el sector privado, estará a cargo la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.
